Explorar las causas para no ser presidente de la comunidad de vecinos constituye un aspecto fundamental en el entendimiento de las dinámicas residenciales y la administración de propiedades. La elección del presidente de la comunidad no es un asunto menor, ya que esta figura desempeña un rol crucial en la gestión y el bienestar colectivo. Sin embargo, existen diversas circunstancias y razones legítimas que pueden inhabilitar o desincentivar a una persona para asumir este cargo.
Este artículo desgrana los distintos motivos, legales y personales, que pueden llevar a un individuo a quedar excluido o decidir no postularse para la presidencia, proporcionando una visión amplia y detallada sobre este tema tan relevante para los habitantes de cualquier comunidad de propietarios. Comencemos.
Contenidos:
Sí, ser presidente de una comunidad de propietarios en España es obligatorio cuando te toca, según lo establecido por la Ley de Propiedad Horizontal. La elección puede realizarse a través de votación, por sorteo, o mediante turno rotatorio entre los propietarios. La principal función del presidente incluye la representación legal de la comunidad, convocar y presidir juntas, y otras responsabilidades administrativas.
Si un propietario es elegido, no puede rechazar el cargo a menos que presente justificaciones válidas ante un juez dentro de un mes desde su nombramiento. Las causas para no ser presidente justificadas pueden incluir razones personales, de salud, o cualquier otra circunstancia que impida el desempeño adecuado del cargo. En caso de ser aceptadas, el juez determinará quién debe asumir el cargo en su lugar.
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ARTÍCULO 13.2 LPH
2. El presidente será nombrado, entre los propietarios, mediante elección o, subsidiariamente, mediante turno rotatorio o sorteo. El nombramiento será obligatorio, si bien el propietario designado podrá solicitar su relevo al juez dentro del mes siguiente a su acceso al cargo, invocando las razones que le asistan para ello. El juez, a través del procedimiento establecido en el artículo 17.7.ª, resolverá de plano lo procedente, designando en la misma resolución al propietario que hubiera de sustituir, en su caso, al presidente en el cargo hasta que se proceda a nueva designación en el plazo que se determine en la resolución judicial.
Igualmente podrá acudirse al juez cuando, por cualquier causa, fuese imposible para la Junta designar presidente de la comunidad.
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Estas disposiciones buscan garantizar que la comunidad esté adecuadamente representada y gestionada, al tiempo que se respetan las circunstancias personales de cada propietario. Es importante recordar que, a menudo, las comunidades contratan administradores de fincas colegiados que facilitan la gestión diaria, permitiendo que el presidente se enfoque en decisiones más estratégicas y en la representación legal.
En la práctica, muchas comunidades llegan a acuerdos para que ciertos propietarios no asuman el cargo debido a edad avanzada, problemas de salud, ausencia por vivir en el extranjero, o por tener obligaciones laborales que les impiden dedicar tiempo a la comunidad. Además, en la actualidad, muchas comunidades cuentan con la figura del secretario-administrador, un profesional que se encarga de las gestiones diarias, aliviando así la carga.
Negarse a ser presidente de una comunidad de vecinos en España es posible, pero bajo circunstancias específicas y siguiendo un procedimiento legal establecido. La Ley de Propiedad Horizontal establece que la posición es obligatoria para el propietario designado, aunque existe la posibilidad de solicitar el relevo por vía judicial dentro del mes siguiente a la designación, alegando causas justificadas.
En España, el rol de presidente en una comunidad de vecinos es fundamental para la gestión y representación legal de la misma. Sin embargo, existen circunstancias específicas bajo las cuales una persona puede declinar o ser eximida de asumir este cargo. Estas causas para no ser presidente están definidas en la Ley de Propiedad Horizontal y otras regulaciones relacionadas, permitiendo cierta flexibilidad para aquellos que, por motivos justificados, no pueden o prefieren no ejercer como representante comunitario.
Los estatutos de la comunidad permiten establecer, mediante consenso, ciertas condiciones bajo las cuales un individuo puede ser exento de asumir la presidencia de la asociación de residentes, tales como haber superado un límite de edad específico o no vivir de forma permanente en el edificio.
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Considerando que la responsabilidad de ejercer el cargo es intransferible a otra persona, excepto en el caso de que sea un copropietario del bien inmueble, resulta esencial que durante la reunión se contemplen exhaustivamente las situaciones particulares antes de proceder con la elección. Si bien la Ley de Propiedad Horizontal contempla un mecanismo judicial al cual recurrir para solicitar un cambio en la designación, es preferible que, previo a optar por esta alternativa, en el instante de la elección, el candidato pueda comunicar cualquier impedimento que le dificulte ejercer la función.
Es fundamental que la colectividad reconozca las condiciones personales del miembro seleccionado para, basándose en ello, determinar su posible exención de las obligaciones. Generalmente, se lleva a cabo una nueva elección si las razones para declinar el cargo se asocian con factores como la edad, alguna discapacidad o padecimiento. Exceptuando estas situaciones, es común que los miembros de la comunidad rechacen la dimisión, situación que podría llevar al individuo en cuestión a buscar una resolución legal.
La Ley de Propiedad Horizontal en su artículo 13.2 (lo hemos citado unos párrafos más arriba) indica que el responsable será nombrado entre los propietarios. Por lo tanto, es requisito ser propietario para poder ser presidente de la comunidad de vecinos.
La jurisprudencia del Tribunal Supremo ha reforzado esta disposición, declarando la nulidad de pleno derecho del nombramiento de un no propietario como presidente de la comunidad. Esto significa que cualquier acto o acuerdo firmado por un presidente no propietario puede ser impugnado, lo que podría llevar a la nulidad de los acuerdos tomados bajo su presidencia.
Además, aunque ha habido un debate en torno a si la nulidad de tales nombramientos debería ser considerada absoluta o relativa, la postura predominante sostiene que un no propietario no debe ejercer el cargo de presidente, subrayando la importancia de seguir la ley y las normativas establecidas para evitar conflictos dentro de la comunidad.
Las personas que enfrentan desafíos significativos de salud pueden solicitar ser eximidas de la responsabilidad de presidir la comunidad. Esto incluye aquellos que sufren de enfermedades crónicas graves o discapacidades que les impedirían ejercer adecuadamente las funciones del cargo. La necesidad de una justificación médica por escrito es imperativa para respaldar tal solicitud.
Además, aunque no hay una edad máxima establecida por ley para ser presidente, las personas mayores pueden alegar falta de energía o facultades para desempeñar el cargo. La Ley de Propiedad Horizontal no establece un umbral específico de edad, sin embargo, libera de este deber a los dueños que se encuentran en una etapa avanzada de la vida y que ya no se hallan en la plenitud de sus capacidades.
Las situaciones laborales que podrían teóricamente impedir a una persona ser presidente de la comunidad no son directamente abordadas por la legislación, ya que más bien se enfocan en la capacidad legal para representar a la comunidad y en el cumplimiento de los deberes asociados al cargo. No obstante, hay ciertos criterios generales y situaciones que podrían influir en la capacidad de una persona para ejercer como presidente de la comunidad:
No residir en la propiedad o en la comunidad puede considerarse una causa razonable para solicitar no ser elegido presidente, aunque la ley no especifica directamente la residencia como un requisito o una limitación para el cargo. Te lo contamos todo en nuestro artículo: ¿Es obligatorio ser presidente si no vives en la finca?
Las causas para no ser presidente relacionadas con la no residencia que podrían considerarse válidas para no ser elegido o para renunciar al cargo de presidente de la comunidad pueden incluir:
Es importante señalar que la decisión final sobre la aceptación de la no residencia como causa válida para no ser presidente dependerá de la interpretación de la justa causa por parte de los tribunales, en caso de que la cuestión se someta a su consideración. En práctica, muchas comunidades prefieren resolver estas situaciones de manera amistosa dentro de la junta de propietarios, evitando procedimientos judiciales.
Para solicitar el relevo, es necesario presentar un procedimiento judicial específico, conocido como juicio de equidad, donde se deben exponer las razones justificadas por las cuales la persona designada considera que no es apta para ocupar el cargo. Estas razones pueden incluir edad avanzada, problemas de salud, vivir fuera del inmueble o incluso conflictos previos con la comunidad. Es importante tener en cuenta que este procedimiento debe utilizarse solo en circunstancias muy justificadas ya que la denegación de la solicitud puede acarrear costas judiciales.
Además, la ley contempla que en caso de que ningún propietario quiera o pueda aceptar el cargo, el juez podrá nombrar al presidente con carácter obligatorio, tras escuchar a las partes interesadas. Es decir, aunque existen vías para rechazar el cargo, la figura del presidente no puede quedar vacante, asegurando así la correcta gestión y representación de la comunidad de propietarios.
El Juicio de Equidad representa un mecanismo legal singular dentro del marco de la Ley de Propiedad Horizontal en España, concebido para solventar conflictos surgidos en el ámbito de las comunidades de propietarios cuando las decisiones no alcanzan las mayorías requeridas. Este procedimiento judicial se distingue por su naturaleza excepcional, aplicándose en situaciones donde las vías convencionales de acuerdo resultan infructuosas, y se caracteriza por otorgar al juez la capacidad de dictaminar basándose en criterios de justicia y equidad, más allá de la aplicación estricta de las normativas legales existentes. Es una vía judicial que nos permitirá invocar las causas para no ser presidente de la comunidad de vecinos.
La esencia del juicio de equidad yace en su enfoque hacia la resolución de conflictos que impiden el normal funcionamiento de la comunidad de propietarios, especialmente cuando no se logran las mayorías necesarias para tomar decisiones importantes. Estas situaciones pueden incluir, pero no se limitan a, la elección de cargos comunitarios como el presidente de la comunidad, donde el designado puede declinar su nombramiento a través de este procedimiento si considera que no está en condiciones de ejercer el cargo.
El procedimiento se inicia con la presentación de una solicitud ante el Juzgado de Primera Instancia correspondiente a la localidad donde se encuentra la comunidad. Los solicitantes deben ser propietarios que hayan participado en las juntas y estén en desacuerdo con la decisión (o falta de ella) tomada, sin que sea necesario el respaldo de abogado o procurador para presentar la demanda.
Uno de los requisitos fundamentales para acudir al juicio de equidad es la previa realización de dos juntas de propietarios donde se haya tratado, sin éxito, el acuerdo en cuestión. El juez, una vez admitida la demanda, escuchará a las partes y resolverá conforme a criterios de justicia y equidad, pudiendo dictaminar sobre el asunto en un plazo de 20 días desde la presentación de la solicitud.
Es crucial señalar que el juicio de equidad se aplica exclusivamente en aquellos casos donde se busca una solución justa a conflictos específicos dentro de la comunidad de propietarios, no siendo aplicable a acuerdos ya adoptados válidamente bajo las mayorías legalmente establecidas. Esto significa que su uso está limitado a circunstancias donde se pretende superar estancamientos o bloqueos que impidan el adecuado desenvolvimiento y gestión de la comunidad.
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