Tener antecedentes penales puede tener un impacto significativo en la vida de una persona. Desde limitaciones en el empleo y la educación hasta restricciones en la libertad y el acceso a ciertos derechos, las consecuencias de tener un historial delictivo pueden ser graves y duraderas.
En este artículo, exploraremos las diversas formas en que las consecuencias de tener antecedentes penales pueden afectar la vida cotidiana de una persona y cómo se pueden abordar estas consecuencias para ayudar a las personas a reconstruir sus vidas después de cumplir condena.
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Tener antecedentes penales no solo resulta relevante en cuanto a la posibilidad de agravar la pena por reincidencia (siempre y cuando el delito sea de la misma índole), sino que también representa un gran inconveniente para acceder a empleos en la administración pública, numerosos trabajos en el sector privado que requieren de ello, y por supuesto para obtener la nacionalidad o tarjeta de residencia en España.
En este sentido, el artículo 94 de la legislación establece que “se consideran delincuentes habituales aquellos que hayan cometido tres o más delitos de la misma categoría en un plazo no superior a cinco años, y hayan sido condenados por ello, a los efectos previstos en la sección 2ª de este capítulo”.
Por tanto, los antecedentes penales son utilizados para determinar si el condenado es o no un delincuente habitual, con el fin de aplicar la sustitución de la pena.
Es de conocimiento general que la renovación de la autorización de residencia es necesaria una vez que el plazo ha expirado. Para poder solicitar la renovación, es necesario cumplir con una serie de requisitos, incluyendo la ausencia de antecedentes penales y policiales, entre otros.
Sin embargo, en algunos casos, se puede considerar la posibilidad de conceder la renovación si el extranjero ha cumplido su condena, ha sido indultado o se encuentra en una situación de remisión de la condicional o suspensión de la condena. La decisión de conceder la renovación se toma por parte del órgano competente, basándose en informes policiales y del Registro Central de Penados. Cabe destacar que no se considera la renovación si la condena supera un año, ya que esto puede ser causa de expulsión.
En el supuesto de que estés solicitando en primera instancia la residencia de larga permanencia, es de conocimiento general que la legislación migratoria no especifica con exactitud los criterios a cumplir más allá de la identificación de los requisitos y la documentación necesaria
Si existe un historial delictivo y se desea solicitar la residencia de larga permanencia, es importante tener en cuenta que se evaluará la gravedad o naturaleza del delito en contra del orden público y si representa una amenaza para la sociedad debido a su comportamiento, así como también se tomarán en cuenta los lazos con el país de residencia.
Las consecuencias de los antecedentes criminales cambian según si la persona es un ciudadano nacional o extranjero. Si se trata de un extranjero que ha ingresado ilegalmente en España, las consecuencias de los antecedentes penales incluyen la expulsión del país, la imposibilidad de obtener autorizaciones administrativas para residir o trabajar en España y, lo que es más grave, dificultades para solicitar protección oficial.
El artículo 53 de la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social establece que la estancia ilegal es una falta grave. Además, la realización de actos contrarios en la vía pública y previstos como graves en la Ley Orgánica1/1992 de Orden público y Seguridad Ciudadana también se considera una falta grave. Además, si un extranjero ha cometido algún delito en España o en su país de residencia anterior, tipificado en el Código Penal español en los últimos 5 años, no puede obtener ninguna autorización de residencia o trabajo.
En el caso de un ciudadano español, no se le puede expulsar del país. Sin embargo, hay consecuencias que pueden afectar durante el cumplimiento de la condena, como la imposibilidad de optar a ciertos puestos de trabajo. Los antecedentes penales pueden limitar las oportunidades laborales y ser una medida excluyente y de exclusión social. También puede limitar su capacidad para pagar una multa.
La segunda consecuencia implica la imposibilidad de obtener una licencia de armas, según lo establecido en el Real Decreto 137/1993, que exige a los solicitantes presentar un certificado de antecedentes penales válido en la Intervención de Armas de la Guardia Civil de su lugar de residencia.
Además, aquellos con condenas superiores a tres años de privación de libertad no podrán aplicar a empleos públicos y no podrán viajar a países fuera de la Unión Europea, ya que muchos países exigen certificados de antecedentes penales para otorgar visas y permitir la entrada al país.
Además, la posibilidad de obtener becas también se ve afectada, ya que para solicitar una beca para estudiar en el programa Erasmus o similar, es necesario presentar un certificado de antecedentes penales que demuestre que la persona no tiene antecedentes penales vigentes.
Si un graduado o licenciado de una carrera que requiere colegiación tiene antecedentes penales, no podrá colegiarse. Por ejemplo, el reglamento establece que la abogacía requiere un historial sin antecedentes penales, ya que estos impiden ejercer esta profesión.
Durante los procesos de acogimiento y adopción, los antecedentes penales pueden ser considerados, aunque los requisitos pueden variar dependiendo de la Comunidad Autónoma. En Castilla-La Mancha, se puede consultar el artículo 87 de la Ley 5/2014 de Protección Social y Jurídica de la Infancia y la Adolescencia, mientras que en Cataluña, se puede consultar el artículo 222-15 de la Ley 25/2010 del libro segundo del Código Civil en relación a la persona y la familia. Además, en juicios por custodia, los antecedentes penales también pueden ser utilizados para evaluar la aptitud de una persona, según el artículo 233-11 de la Ley 25/2010.
La Ley 45/2015, de 14 de octubre, de Voluntariado establece limitaciones para algunas personas con antecedentes penales que buscan ejercer posiciones de voluntariado. Según los artículos 8.4. y 8.5., aquellos que han cometido delitos sexuales no pueden trabajar en roles que impliquen contacto regular con menores. También se prohíbe a los condenados por delitos de violencia doméstica o de género, agresiones contra la vida, integridad física, libertad, integridad moral o libertad e indemnidad sexual de un cónyuge o hijos, tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas, o terrorismo, ser voluntarios en programas frecuentados por víctimas potenciales de esos delitos.
La Ley 50/1999 sobre la tenencia de animales peligrosos se desarrolla mediante el Real Decreto 287/2002, el cual establece que las personas con ciertos antecedentes penales no son elegibles para obtener una licencia para poseer perros peligrosos (Artículo 3.1.b).
Cómo cancelar antecedentes penales.
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